Lo amarraron a la camilla y lo electrocutaron 7 horas. La escuela que da descargas a sus estudiantes

Las manos y los pies atados a dispositivos que les brindan descargas eléctricas. Los muchachos de esta escuela viven en un tratamiento que es primo de la terapia de shock. Esta última, reconocida sobre todo por haber sido un “método infalible” para amoldar mentes en los gobiernos totalitarios, o como una forma de combatir ciertas condiciones psicológicas y psiquiátricas durante el siglo XX. Hoy, afortunadamente, ha sido declarada ilegal en casi todos los países. Y en los pocos que puede verse empleada, se reserva solo para serios trastornos de disociación y bipolaridad. 

El JRC

Judge Rotenberg Center

Pero la “terapia” que se usa en el Centro Educativo Juez Rotenberg (JRC) en Massachusetts, Estados Unidos, no es directamente un shock. Es, más bien, un “amable proceso de rectificación”. Su nombre es terapia de aversión. Y es la misma que se usó en la época en la que aún se probaban nuevos métodos médicos para tratar la homosexualidad. En ese entonces, los doctores exponían a sus pacientes a imágenes que fuesen excitantes según su orientación sexual, y luego venía la descarga. Así, la persona reprimía el placer sexual al identificarlo con una experiencia dolorosa. Un experimento parecido al del perro de Pávlov. 

Pero, ¿por qué un instituto educacional utiliza un método experimental que fue vetado en casi todo el país hace más de 30 años? La respuesta es escabrosa y reduccionista, pero para los dueños de Juez Rotenberg, es también algo muy sencillo y esperanzador: el JRC es un centro educacional para alumnos con capacidades diferentes. Y en él, aseguran docentes y administrativos, buscan encontrar la forma de ayudar a los menores con esta terapia. Muchos de los padres están de acuerdo: “Hemos intentado y continuaremos probando lo que está disponible para nuestros hijos”, aseguró una madre cuando en junio, un juez de la Suprema Corte daba luz verde al JRC para continuar con su polémica labor. 

“No tenía idea de que torturaban a los niños en la escuela”.

La gente del centro defiende el tratamiento. Aseguran que solo lo utilizan cuando los alumnos están en riesgo de hacerse daño a sí mismo o al resto. Es un método correctivo más que un castigo y, además, los defiende de un daño real. Sin embargo, la realidad dista bastante de lo que proponen los directivos. El año 2012 se publicaba un vídeo en el que se veía a Andre McCollins, un joven autista que fue alumno de Juez Rotenberg. El joven estaba molesto en la sala de clases. Un maestro le había pedido que se quitara su abrigo y él no quería hacerlo. Un acto de rebeldía nimio y dialogable. Sin embargo, el castigo fue más que severo: 7 horas de electricidad que se dividieron en 31 descargas sobre su cuerpo. McCollins estaba amarrado boca abajo a una camilla. Le habían puesto un casco en la cabeza. Después del episodio, estuvo catatónico durante un mes entero. Habían tareas motrices que no podía realizar, y vio su movilidad severamente limitada. Cuando sus padres se enteraron, pusieron una demanda contra la institución. Ese año su madre, emocionada, declaraba en los tribunales: “No tenía idea de que torturaban a los niños en la escuela”. Tiempo después, la demanda se disipaba. Luego se supo que JRC dio a los padres de Andre un monto considerable para que la quitaran. Ellos no quisieron revelar a cuánto ascendía este.

Parte del vídeo en el que se pueden ver las desmedidas medidas físicas que se tomaron contra Andre (Foto: WCVB)

Cada año más alumnos se inscriben en el polémico centro. Muchos padres ven en él una oportunidad porque tienen este método “experimental” y porque, a pesar de utilizar electricidad, no es tan severo como el electrochoque. En realidad, el formato de cómo lo recibe el cuerpo no es tan parecido. En JRC, a cada alumno con trastornos emocionales y discapacidades de aprendizaje, le atan a las piernas y muñecas un pequeño dispositivo de descarga eléctrica que va parcelando los choques de manera gradual. Maestros y administrativos tienen un control remoto con el que envían la orden de las descargas. La electricidad está al alcance de un botón. Según consignó el Washington Post en una visita al centro, cada alumno puede recibir hasta 45,5 miliamperios de electricidad por descarga. Y las consecuencias no son solo el tremendo dolor físico: hay contracciones musculares, quemaduras, complicaciones cardiacas y estrés postraumático. 

AP

Las asociaciones

Afortunadamente, esto no es un secreto en los Estados Unidos, y para el 2014, una petición masiva reunía 300.000 firmas. El objetivo era que la FDA, máxima autoridad sanitaria del país, prohibiera estos dispositivos para cualquier clase de tratamiento en una persona que tuviese una condición distinta en su aprendizaje o un trastorno emocional. FDA se decidió a investigar el caso durante dos años, y el 2016 informó que el JRC utilizaba ese tratamiento en 50 alumnos. Aseguraron que era indignante y presentaron su rechazo públicamente frente a la institución. Declararon que “estos artefactos son peligrosos y un riesgo para la salud pública, y creemos que no deberían usarse”. Después de emitir esta declaración, aprobaron ese mismo año un reglamento que prohibía estos dispositivos, pero el gobierno aún no lo ha implementado. Según los organismos burocráticos que están por sobre la FDA, siguen “revisando los comentarios a su expediente”. 

Manifestación fuera de la FDA para que veten los métodos del JRC. En el cartel con letras rojas, se alcanza a leer “Stop de shocks” (Detengan los choques) (Foto: Taylor C. Hall)

En algunas ocasiones, JRC ha sido más poderoso que organizaciones mucho más grandes. En 2011, un relator especial de tortura de la ONU denunciaba las prácticas del centro. Aseguraba que era tortura y no tratamiento. Lo mismo con la administración estatal de Massachusetts, desde donde aseguran haber tratado de frenar las nefastas prácticas del centro en 2014, pero tras una larga batalla judicial que terminó el mes pasado, el Juzgado Familiar del Condado de Bristol negó la moción. En su declaración, aseguraban que “El Estado no pudo demostrar que exista un consenso profesional de que el tratamiento aversivo de nivel III utilizado en el centro no se ajusta al estándar de atención aceptado para tratar a las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo”. ¿Y el Departamento de Salud de Massachusetts? Aprobó públicamente la decisión.

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